La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y el exalcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, pueden ser citados a comparecer ante el Ministerio Público Federal (MPF), luego de perder el fuero constitucional.
De acuerdo con funcionarios federales, ambos exservidores públicos ya no cuentan con inmunidad procesal, lo que permite que enfrenten las acusaciones derivadas de señalamientos del gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa.
El coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, señaló en redes sociales que el fuero “protege a la función, no a la persona”, por lo que al solicitar licencia del cargo se pierde dicha protección. En ese sentido, indicó que quienes dejan de ejercer funciones públicas pueden ser detenidos y procesados como cualquier ciudadano.
Funcionarios consultados explicaron que el tratado de extradición entre México y Estados Unidos presenta vacíos legales que dificultan procesar penalmente a funcionarios que aún conservan fuero. Actualmente, el único caso que se mantiene bajo esa condición es el del senador Enrique Inzunza.
Investigación en curso
La FGR inició la integración de una carpeta de investigación propia, luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió formalmente la solicitud de autoridades del Distrito Sur de Nueva York para detener a 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos Rocha Moya, Gámez Mendívil e Inzunza.
Las acusaciones en su contra están relacionadas con presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, particularmente con una facción encabezada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, conocido como “El Chapito”.
Especialistas en derecho, como el litigante Marco del Toro Carazo, han señalado que el tratado de extradición vigente no exige la presentación de pruebas para solicitar una detención provisional. En cambio, basta con detallar el delito, la identidad del acusado y su posible ubicación.
Este caso marca un precedente, ya que es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos solicita la detención de funcionarios mexicanos mientras aún se encuentran en funciones o con fuero vigente. En situaciones anteriores, como las de los exgobernadores Mario Villanueva, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, las solicitudes se realizaron cuando ya no ocupaban cargos públicos y carecían de protección constitucional.
