La presidenta afirmó que la captura deriva de investigaciones realizadas por las autoridades y aseguró que en México no debe haber impunidad, sin importar el cargo o filiación política de los involucrados.
Ciudad de México.– La detención del exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, generó una amplia reacción en el ámbito político nacional, luego de que la Fiscalía General del Estado de Baja California ejecutara una orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en diversos delitos relacionados con el ejercicio de la función pública. La captura se realizó como parte de una investigación iniciada por las autoridades estatales, quienes continúan integrando el expediente correspondiente.
Durante su conferencia matutina de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre el caso y rechazó que la actuación de las autoridades responda a una política de “justicia selectiva”.
La mandataria federal sostuvo que las investigaciones y procedimientos judiciales deben seguir su curso conforme a la ley, independientemente del partido político o del cargo que haya ocupado la persona involucrada.
“No hay justicia selectiva; lo que hay es un Estado de derecho. Cuando existen investigaciones sustentadas, corresponde a las fiscalías y al Poder Judicial actuar conforme a sus atribuciones”, expresó la presidenta al ser interrogada sobre la detención del exmandatario bajacaliforniano.
Sheinbaum enfatizó que su administración no interviene en las investigaciones ministeriales ni en las decisiones de los jueces, por lo que reiteró que será la autoridad competente la encargada de determinar la responsabilidad o inocencia del exgobernador durante el proceso legal.
La presidenta también señaló que el combate a la corrupción y a la impunidad debe aplicarse sin distinciones, por lo que descartó que existan criterios políticos detrás de este tipo de acciones.
La detención de Jaime Bonilla ocurre en medio de diversas investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades durante su administración al frente del Gobierno de Baja California, aunque las autoridades ministeriales no han dado a conocer de manera íntegra todos los detalles del expediente debido a que el proceso continúa en curso.
Tras su captura, el exgobernador fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas conforme a los plazos establecidos por la ley.
El caso ha generado reacciones entre actores políticos de distintos partidos y vuelve a colocar en el centro del debate nacional el tema de la rendición de cuentas de exfuncionarios públicos, mientras el Gobierno Federal insiste en que la aplicación de la ley debe realizarse sin privilegios ni excepciones.
