La presidenta cuestiona que el Departamento de Justicia solicite órdenes de detención sin presentar evidencias contundentes.
Ciudad de México.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, manifestó durante su conferencia matutina su desacuerdo con la postura del Departamento de Justicia de Estados Unidos respecto a la solicitud de detención con fines de extradición contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al señalar que no se puede actuar sin pruebas claras y contundentes.
Durante la denominada “Mañanera del Pueblo”, la mandataria federal sostuvo que el gobierno mexicano no protegerá a ninguna persona involucrada en actividades ilícitas, pero enfatizó que cualquier procedimiento legal debe estar respaldado por evidencia sólida y apegarse al marco jurídico internacional.
Sheinbaum cuestionó que autoridades estadounidenses busquen emitir órdenes de captura contra funcionarios en funciones —o recientemente separados del cargo— sin haber presentado previamente los elementos probatorios necesarios ante el Estado mexicano.
“Siempre hemos dicho: presenten las pruebas”, reiteró la presidenta al referirse a la solicitud enviada por autoridades de Estados Unidos relacionada con Rocha Moya y otros exfuncionarios sinaloenses presuntamente investigados por vínculos con el crimen organizado.
La titular del Ejecutivo federal explicó que el gobierno de México tuvo conocimiento previo de que podría llegar una solicitud de extradición urgente, aunque aseguró que no se conocían detalles ni nombres específicos hasta que la documentación fue entregada oficialmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Asimismo, rechazó versiones sobre una supuesta crisis diplomática entre ambos países y aseguró que, aunque existen diferencias en algunos temas, la relación bilateral con Estados Unidos continúa en términos de cooperación y diálogo institucional.
Las declaraciones de la presidenta se producen en medio de la polémica generada tras darse a conocer investigaciones impulsadas por autoridades estadounidenses contra actores políticos de Sinaloa, situación que ha provocado un debate nacional sobre soberanía, cooperación internacional y debido proceso.
